Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-210703-2012-12-27.html

El presidente de Bolivia, Evo Morales, preside este viernes en la Isla del Sol o Titicaca, en el departamento de La Paz (oeste), la ceremonia central por el Solsticio de Verano, festividad que marcará el fin del no tiempo y el paso a un tiempo nuevo, de hermandad y confraternidad, informó Telesur.

Este viernes se dio inicio al Día Pachakuti como designa la tradición de los aymaras y quéchuas de Bolivia y Perú. Para la cultura andina, este 21 de diciembre es trascendental, pues es el inicio de nueva era. El Pachakuti que, en quechua significa renovación del tiempo y del espacio para estas culturas originarias, es la existencia de todas las cosas que se organizan en ciclos.

Esta día será festejado igual por los mayas guatemalteco-mexicanos, mapuches chilenos, argentinos, chibchas colombianos y los quechuas ecuatorianos entre otras naciones de la región. La llegada de este día también es esperado por comunidades y reservaciones indígenas en Europa y Estados Unidos.

En la celebración que organiza Bolivia, estarán presentes jefes de Estado, Cancilleres, guías espirituales y personalidades de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Morales ofrecerá también un almuerzo a las delegaciones visitantes con motivo de esta celebración.

El pasado domingo, el mandatario boliviano ya había dado inicio a los festejos cuando encendió en la isla el fuego sagrado, que desde entonces viaja a bordo de la embarcación Tunupa, construida con tallos totora por los habitantes de Suriqui, en La Paz, expertos desde tiempos inmemoriales en el arte de la navegación.

«Llegan nuevos tiempos para recuperar la identidad, formas de convivencia en comunidad e impulsar la convivencia en complementariedad», expresó.

Desde que Morales encendió la llama sagrada comenzaron a llegar personas a la Isla del Sol, entre ellas jóvenes, académicos, estudiosos de las culturas ancestrales de la región.

Para esta semana, miles de asistentes ya habían logrado adentrarse en el lago para llegar a la Isla del Sol, sede principal de las fiestas por la llegada del tiempo nuevo.

Cientos de casas de campaña instaladas para la ocasión no alcanzaron para alojar a todos los visitantes, cuya cifra, se cree, crecerá en las primeras horas de la mañana de este 21 de diciembre.

El Solsticio de Verano se funda en los estudios y visiones de la Cultura Maya que establece que el Pacha Ajayu (energía), es un foco que ilumina a la humanidad y su fuente de irradiación se encuentra en determinada región del planeta por unos tres mil 600 años.

Según los originarios bolivianos, sobre las aguas del Titikaka fue donde se generó y germinó la vida, muchísimos siglos atrás. En aquel Tiempo-Espacio primordial, el padre Sol (tata inti) señoreaba en el cielo durante el día y en la noche lo hacía la señora hermosa madre Luna (mama Paxsi).

En sus ruedos diarios de ir y volver, que es el día y la noche, comenzó a generarse entre ambos una atracción muy profunda, uno le perseguía al otro sin poderse encontrarse, ya bien el Sol adelantaba su paso para salir más rápido, que era para encontrase con la Luna que ya estaba a punto de esconderse en el horizonte, lo cual frustraba su encuentro de amor.

Fue producto de un gran esfuerzo que nuestro padre Sol decidió aquella mañana equinoccial de primavera levantarse un poco más temprano para encontrase con su amada, cuenta la leyenda andina.

Reclamamos

1.-La investigación y esclarecimiento de los hechos acaecidos en la estancia Morumby de Curuguaty (Paraguay) por las supuestas irregularidades del proceso, como lo demuestra un informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos ( PEICC) que desarrolla una investigación independiente del caso en la zona.

2.- La inmediata puesta en libertad de los 12 presos/as políticos de Curuguaty, cinco de ellos/ as en huelga de hambre y una de ellas embarazada, que están siendo objeto de torturas físicas y psicológicas, sin atención médica adecuada y sin garantías para el debido proceso.

Exigimos la excarcelación de las campesinas y campesinos privados de libertad siguientes:

1. Dolores López
2. Maria Fani Olmedo Paredes
3. Ruben Villalba
4. Felipe Balmori
5. Arnaldo Quintana Paredes
6. Adalberto Castro Benítez
7. Néstor Castro
8. Lucia Agüero (En huelga de hambre)
9. Alcides Ramírez (En huelga de hambre)
10. Luis Olmedo (En huelga de hambre)
11. Nery Urbina (En huelga de hambre)
12. Juan Carlos Tillería (en huelga de hambre)

Organizaciones firmantes:

CEDSALA ( Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica), Asamblea 15-M Russafa, Acció Ecologista Agró, Plataforma Auditoria Ciutadana contra el deute País Valencià ( PACD-PV), Endavant ( OSAN), Esquerra Unida del PV ( EU), Intersindical Valenciana i Intersindical Solidària, COS ( Coordinadora Obrera Sindical), Valencia-Acoge, Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia ( CEAR PV, CEPS, CEDSALA; Intersindical Valenciana, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales Valencia).

Texto en Catalán / Text en Català

Carta de petició per a l’alliberament de les preses i presos polítics de Curuguaty (Paraguai) i per a la investigación i aclariment dels fets ocorreguts en aquesta zona.

Les organitzacions socials i sindicals del País Valencià ( estat espanyol) sotasignants, davant l’empresonament de 12 camperoles i camperols a Paraguai, víctimes d’una persecució política i sotmesos a un procés ple d’irregularitats, acusats injustament per la massacre de Curuguaty el 15 de juny passat, on van perdre la vida 17 persones, la qual cosa va donar lloc a la destitució del president democràtic Fernando Lugo,

Reclamem

1.-La investigació i l’aclariment dels fets succeïts a l’estància  Morumby de Curuguaty (Paraguai) per les suposades irregularitats del procés, com ho demostra un informe de la Plataforma d’Estudis i Investigació de Conflictes Camperols ( PEICC) que desenvolupa una investigació independent del cas en la zona.

2.- La immediata posada en llibertat dels 12 presos/es polítics de Curuguaty, cinc d’ells en vaga de fam i una d’elles embarassada, que estan sent objecte de tortures físiques i psicològiques, sense atenció mèdica adequada i amb un procés sense garanties .

Exigim l’excarceració de les camperoles i camperols següents:

1. Dolores López
2. Maria Fani Olmedo Paredes
3. Ruben Villalba
4. Felipe Balmori
5. Arnaldo Quintana Paredes
6. Adalberto Castro Benítez
7. Néstor Castro
8. Lucia Agüero (en vaga de fam)
9. Alcides Ramírez (en vaga de fam)
10. Luis Olmedo ( vaga de fam)
11. Nery Urbina ( en vaga de fam)
12. Juan Carlos Tillería (en vaga de fam)

Organitzacions que signen:

CEDSALA ( Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica), Asamblea 15-M Russafa, Acció Ecologista Agró, Plataforma Auditoria Ciutadana contra el deute País Valencià ( PACD-PV), Endavant ( OSAN), Esquerra Unida del PV ( EU), Intersindical Valenciana i Intersindical Solidària, COS ( Coordinadora Obrera Sindical), Valencia-Acoge, Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia ( CEAR PV, CEPS, CEDSALA; Intersindical Valenciana, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales Valencia).

Vidal Vega era un conocido líder en la lucha por la tierra que estaba gestionando la recuperación de 500 hectáreas de un excedente fiscal, en manos de un empresario. A la vez, según la Plataforma de Estudios e Investigación del Conflicto Campesino –PEICC– era un testigo fundamental en el caso de la Masacre de Curuguaty, que estaba acompañando a las organizaciones sociales que bregan por el esclarecimiento de este hecho que sirvió de justificación para gestar el golpe de Estado parlamentario.

Pedimos estar atentos a este caso, en el que la Policía ha anunciado la captura de un supuesto implicado, según testimonio de vecinos. Esta persona bien puede ser un chivo expiatorio para cubrir a los verdaderos responsables que están detrás del atentado criminal.

Este asesinato ocurre a dos años de la muerte del compañero dirigente Mariano Jara, en el mismo departamento de Canindeyú, cuyo caso hasta el día de hoy se encuentra varado y en la total impunidad. Se suman, ambos, a tantos otros similares cuyos reclamos de justicia no han sabido ser satisfechas por el Estado paraguayo.

Exigimos una investigación profunda y seria sobre este hecho perpetrado en el marco de la lucha social, cárcel a los responsables y justicia para la memoria de Vidal Vega.

Apelamos a la solidaridad de la comunidad internacional para denunciar, mediante acciones concretas,  la Masacre de Curuguaty, trasfondo de un juicio político que instaló en el Paraguay un golpe de Estado parlamentario.

¡Por la tierra y por la justicia social! ¡Basta de impunidad!

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

¡Vidal Vega, ahora y siempre!

Asunción, 18 de noviembre de 2012

 El gobierno de Federico Franco sufrió una dura derrota, al no poder imponer su presencia en la reunión de ministros de la Organización Latino Americana de Energía (OLADE), donde la mayoría de los países de América del Sur manifestaron su oposición a la presencia de representantes de golpistas y ni siquiera un sólo país de América Latina salió a defender a los golpistas.

Antes hay que recordar que el Gobierno de Fernando Lugo avanzó considerablemente en las propuestas de soberanía e integración energética. Son conocidos los casos de URUPABOL (Uruguay, Paraguay y Bolivia), en cuyo seno se planteó y se estuvo avanzando hacia una importante integración energética (gas natural, energía eléctrica), habiéndose terminado un estudio de prefactibilidad y está en proceso el proyecto final. También es conocida la postura del Gobierno de Lugo en el caso de la más amplia soberanía e integración energética en UNASUR, la exportación de energía eléctrica a precios de mercado a Uruguay y a Argentina, concretándose en este último caso precios justos, muy superiores a los anteriormente vigentes. El avance más importante fue, indudablemente, el Acuerdo Lula – Lugo del 25 de julio del 2009, por el cual se triplicó la compensación paraguaya, se consiguió la construcción de una línea de 500 kV de gran envergadura entre Asunción e Itaipú, sin costo para el Paraguay, y el compromiso de poder vender energía de Itaipú al mercado brasileño “a la brevedad posible” y a terceros países desde el 2023.

En función a toda esta línea de defensa de la soberanía y de integración para beneficio de los pueblos, el Gobierno de Fernando Lugo le propuso al respetado técnico Victorio Oxilia como Secretario Ejecutivo de la OLADE, el que fue elegido por primera vez en la historia de esta institución, lo que indica el respeto alcanzado en toda la comunidad latinoamericana.

El gobierno golpista de Federico Franco, en cambio, se orientó en contra de la soberanía e integración latinoamericana, apoyando abiertamente el ingreso de la transnacional del aluminio, Río Tinto Alcan, con subsidios que llegarían en el caso más probable a más de 13.000 millones US$ en sus primeros 20 años de operación.

En este marco, la OLADE convocó en Lima a la 43a reunión de Ministros de Energía de América Latina. Los golpistas no fueron invitados por el Secretario Ejecutivo, Victorio Oxilia, según directivas que recibió de los ministros convocantes, de Ecuador y de El Salvador. Tampoco le invitó el país anfitrión, Perú. A pesar de eso, los golpistas se hicieron presentes en la reunión de ministros, el día 16 de noviembre. Durante más de 5 horas los representantes de los diversos países intentaron hacerle entrar en razón a los representantes del golpismo paraguayo. Fracasado el intento que buscó racionalidad en el golpismo, se abrió la reunión de preparatoria de la reunión de ministros. Ecuador comenzó retirándose de la misma. Seguidamente, el Secretario Ejecutivo y el Ministro de Energía del Perú aclararon que no habían invitado a los representantes del golpismo paraguayo. El representante de Bolivia pidió el uso de la palabra y recalcó que su gobierno no reconoce al gobierno de Franco y pidió que se retire de la sala, a fin de que se pueda realizar la reunión de ministros y que, en caso que los golpistas no se retiren, se vería obligada Bolivia a retirarse. Lo mismo expresaron los representantes de República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Cuba, Venezuela, Uruguay y Brasil. En ese momento, el presidente de la reunión preparatoria constató que ya no había quorum y negándose finalmente los golpistas a retirarse, pese al unánime pedido, se levantó la sesión preparatoria y quedó frustrada la reunión de ministros. Ello demuestra que el golpismo franquista es claramente contrario a la integración regional y específicamente energética y, en cambio, favorable a dar enormes subsidios a transnacionales, como Río Tinto, que decidirán los destinos del país en el presente y futuro.  La postura de los golpistas no fue apoyada absolutamente por ningún país, lo que demuestra el aislamiento total de los mismos, quedando así totalmente aislados en el campo de la integración energética y derrotados sin apelación alguna.

Comunicado del Frente Guasu

El informe será entregado a los cancilleres del bloque regional para luego ser analizado por los Jefes de Estado que asistirán a una nueva cumbre del organismo, el próximo 30 de noviembre.

El documento está sustentado en 4 meses de investigación y en los informes presentados por los encargados de negocios de la región que ejercen funciones en Paraguay.

La Comisión también analizó documentos remitidos por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, las centrales sindicales y organizaciones políticas paraguayas.

Vale decir que la Delegación de Alto Nivel de la UNASUR no trabajó con el Gobierno de Federico Franco para la elaboración del informe.

Esta labor fue realizada por un enviado especial que sostuvo encuentros con actores políticos de la actual administración.

El texto que se presentará no incluirá conclusiones ni resoluciones. Los Mandatarios evaluarán el documento y podrán completar la información con una eventual visita a la nación guaraní.

El próximo 29 de noviembre se reunirán los cancilleres de la UNASUR en Lima, Perú. Al día siguiente lo harán los Presidentes del bloque.

Vale recordar que la Delegación encargada de evaluar la situación política de Paraguay comenzó su tarea tras la separación temporal de esa nación de la UNASUR, en junio pasado.

Dicha decisión había sido adoptada por el organismo luego de la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.

Fuentes: – http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=21318

- http://ea.com.py/unasur-presentara-informe-sobre-situacion-en-paraguay/

Las organizaciones firmantes rechazan la detención que calificamos como arbitraria de: Dolores López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Nery Urbina; en la penitenciaría de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, Paraguay. Estas personas se encuentran en huelga de hambre desde hace 53 días en señal de protesta por la falta de respuesta de las autoridades responsables del gobierno de facto de Federico Franco.

Estas personas, a las que consideramos presos políticos, son víctimas de la masacre ocurrida el día 15 de junio en la tierra mal habida de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú, la cual terminó con la vida de 11 campesinos y 6 policías. En su informe preliminar, la Misión Internacional[1] realizada del 5 al 11 de septiembre pasado, concluyó que la orden de allanamiento de parte del juez de la ciudad de Curuguaty, José Benítez, fue improcedente y provocó un desalojo de facto –que incumplió con todos los estándares de derechos humanos aplicables– y el asesinato de campesinos y campesinas inocentes que buscaban acceder a la tierra estatal para garantizar su derecho y el de sus familias a alimentarse.

Los diez presos políticos de Marina Cué son parte de un grupo de 54 personas que han sido imputadas arbitrariamente con 7 cargos penales que incluyen: hecho punible de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión. Sin embargo, de acuerdo a la citada misión internacional “se carece de indicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas en los hechos que se les atribuyen. Incluso se ha llegado a incluir en la lista de personas imputadas a algunas que ni siquiera estaban presentes en el lugar del conflicto, en base a un antiguo listado de familias asentadas en el lugar.”[2]

Las organizaciones firmantes impugnamos el nombramiento de Jalil Amir Rachid como fiscal encargado de la causa por su falta de objetividad y parcialidad en sus actuaciones, que atenta contra los intereses de los/as campesinos/as imputados. De acuerdo al informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), el papel del fiscal es cuestionado por el hecho de negarse a investigar el papel de la fiscal Ninfa Aguilar en el desalojo de facto ocurrido el 15 de junio, la falta de título de propiedad del agroempresario Blas Riquelme y sus requerimientos a las autoridades sin fundamento legal, las torturas y detenciones arbitrarias a campesinos y campesinas víctimas, el accionar de la policía después de la balacera, entre otros.[3] De acuerdo a dicho informe, el fiscal ha tomado declaración a los/as imputados/as violando las garantías judiciales exigidas en el Código Penal al no garantizar la traducción y hacer firmar a los imputados declaraciones que no fueron leídas en el idioma guaraní, incumpliendo de plano con el derecho al debido proceso de los acusados.

De acuerdo con las reglas mínimas del debido proceso, el mencionado fiscal debería estar inhabilitado para conocer de este caso específico, debido a un claro conflicto de intereses. En efecto, Jalil Amir Rachid es hijo del ex senador y ex presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, amigo íntimo de Blas N. Riquelme, asimismo ex senador y presidente del mismo partido, [4] quien además fuera gran terrateniente y propietario de la agroempresa “Campos Morombí”, beneficiario de tierra mal habida y disputaba con el Estado, la tierra de Marina Cué. Mantener al fiscal como responsable del caso en estas condiciones es contrario a las obligaciones mínimas del derecho internacional, asumidas por el Estado paraguayo.

Los imputados de Marina Cué llevan  meses en prisión preventiva a pesar de que el fiscal no ha aportado el menor indicio que pueda señalar que estos procesados podrían ser autores de los hechos. Esto contraviene el artículo 242 del Código Procesal que establece como requisito para la prisión preventiva que “existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible”. Así mismo esto incumple con el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional de Paraguay. Resaltamos que, en caso específico, no es aplicable la reciente modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal que impide la aplicación del arresto domiciliario, puesto que esta norma no se puede aplicar retroactivamente al hecho ocurrido previo a la reforma.

Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes expresamos la necesidad de que la comunidad internacional se exprese ante el gobierno de facto de Paraguay a fin de exigir a las autoridades que cumplan con el derecho al debido proceso, mediante las siguientes medidas:

Separar al fiscal de Jalil Amir Rachid como fiscal del caso Marina Cué y garantizar la objetividad e imparcialidad en la investigación, eludiendo la presión que pudieran ejercer sobre dicha investigación los hechos de índole política que acontecieron en Paraguay en el mes de junio del año en curso;

En cumplimiento del artículo 242 del Código Procesal y del artículo 17 de la Constitución Nacional sobre presunción de inocencia, dictar la libertad y el sobreseimiento de los campesinos y campesinas imputados arbitrariamente, Dolores López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Nery Urbina, en el caso Marina Cué, desvinculándolas definitivamente de los procesos penales en su contra;

Constituir, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo en Paraguay, una Comisión Internacional de Observación a fin de acompañar la investigación de todos los crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas cometidos en el caso Marina Cué, para asegurar que se cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado paraguayo;

Asegurar que se implemente el derecho a la alimentación de las comunidades afectadas mediante la entrega de la tierra de Marina Cué a las familias afectadas por el conflicto de forma urgente, así como el otorgamiento de una indemnización justa y adecuada a las familias de las víctimas, acorde a sus necesidades reales.

Organizaciones firmantes: CLOC/Vía Campesina Paraguay, Fian internacional, Cátedra Unesco de DDHH UPC, España, Campaña Global por la Reforma Agraria, Radio Mundo Real – Amigos de la Tierra Uruguay, MNCI – Vía Campesina Argentina, CLOC/Vía Campesina Chile, Fian Paraguay.

[1] FIAN Internacional, Campaña Global por la Reforma Agraria (Vía Campesina Centroamérica), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional), ANAMURI (Vía Campesina Sudamérica). Conjuntamente con organizaciones nacionales de Paraguay pertenecientes a la Vía Campesina: MCNOC, OLT, CONAMURI, MAP, MCP y ONAI

[2] Informe Preliminar Misión de Investigación Caso Marina Cué, 5-11 de septiembre 2012, Paraguay, página 6.

[3] Informe Masacre de Curuguaty, Plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos (PEICC), pág. 173-174.

[4] Informe Masacre de Curuguaty, Plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos (PEICC), pág. 154-155.

Fuente: http://ea.com.py/organizaciones-internacionales-exigen-libertad-para-los-presos-victimas-de-la-masacre-de-curuguaty/

En Paraguay también tuvimos una masacre, un montaje de cuadro teatral, un red de encubrimiento y un golpe de estado, parece ser todo parte de un mismo plan cuya investigación ahora se complica, confunde y no avanza hacia el descubrimiento de los culpables.
La masacre de Curuguaty sin duda formó parte de una acción premeditada y concertada, preparada, promovida y ejecutada
por un grupo de interés para dar cumplimiento a sus objetivos. Los actores no dudaron en asesinar
y crear las condiciones para una enfrentamiento posterior que se saldó con la muerte de 17
paraguayos de origen campesino: 6 policías y 9 campesinos muertos en el “enfrentamiento” y 2
más encontrados en el bosque durante la búsqueda popular, luego que las fuerzas públicas
abandonaron sin aviso el sitio geográfico que estaba bajo su custodia, según informe de la PEICC
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos
Una investigación llevada adelante por una organización privada, a la cual apoyan, los abogados
defensores de los supuestos culpables (detenidos e imputados), los parientes y amigos de
muertos, desaparecidos y presos sin motivo; da una visión de la falta de equidad y profesionalidad
con que se está llevando la investigación, ya que las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Poder
Ejecutivo y Fiscalía realizan una tarea que no se corresponde con las garantías otorgadas por el
Estado Social de Derecho en el cual la Fiscalía debe investigar, y con los elementos intelectuales,
pruebas y testigos llegar a conclusiones dentro del marco del derecho a la defensa, la presunción
de inocencia y el respeto al debido proceso. Las fuerzas policiales son acusadas de maltratos y
otros desvíos a sus funciones, el Poder Ejecutivo emite opiniones condenatorias sin respetar el
ámbito judicial, y las Fuerzas Armadas abandonaron sin aviso el sitio geográfico que estaba bajo su
resguardo permitiendo la contaminación del espacio y la posibilidad de la introducción de
cualquier elemento que pudiera alterar la visión e interpretación de los hechos ocurridos.
En el caso de la masacre de Curuguaty, los campesinos (portadores de escopetas de 1 tiro y rifle
de aire comprimido) son culpables de óbitos que se produjeron -según investigaciones privadaspor
disparos de armas automáticas, el disparo de una sola escopeta de un tiro, un revolver y las
pistolas semi automáticas.
Los campesinos no tenían las armas apropiadas para producir las muertes ocurridas entre los
policías por la precisión de los disparos y la potencia de las armas que perforaron escudos y
chalecos antibalas. Pero son los culpables, ya están imputados y detenidos o con orden de
captura, ahora a buscar las pruebas que demuestren la culpabilidad.
Ejecuciones extrajudiciales, detenidos sin causa ni prueba, omisión de auxilio, maltrato físico y
tratos crueles e inhumanos, producción de pruebas no auténticas, contaminación del sitio del
hecho, desaparición provocada elementos de pruebas, no presentación de pruebas e inclusión
como pruebas de elementos que no formaban parte del hecho, maltrato propositado a heridos y
asustados campesinos, unidos a una extrema porfía de la fiscalía para considerar todos los
elementos disponibles para la toma de razón; y la formación de un pensamiento incapaz de
defender a la sociedad de la mejor manera; es decir investigando para hallar la verdad, forman
parte de este cuadro general. Así lo dice una investigación paralela, amplia y desprejuiciada.
Docenas de preguntas formuladas por de la PEICC Plataforma de Estudio e Investigación de
Conflictos Campesinos, no tienen respuestas en la investigación fiscal.
Docenas de elementos intelectuales y materiales aportados por de la PEICC Plataforma de Estudio
e Investigación de Conflictos Campesinos, no son considerados por la investigación fiscal.
¿Que pasó en Paraguay el 15 de junio de 2012 en Curuguaty?. ¿A quién fue útil esta masacre?,
¿Quién la produjo?. ¿Quienes dispararon?. ¿Por qué el fiscal no abre la investigación considerando
todas las alternativas posibles?. De esto hay que hablar.
La diferencia con Margarita Belén es que en Curuguaty el cuadro se armó en presencia de todos,
hubo disparos con armas automáticas contra policías y campesino; las armas y sus servidores
desaparecieron, siguió el tiroteo (ya sin ellos) y luego el cuadro se desarmó en presencia de todos
y nadie vio nada, solo el testimonio de los muertos.
Si el Fiscal de la causa no cuenta con la confianza de los parientes y de importantes sectores de la
sociedad, y tiene una fuerte tendencia a presumir “a priori” (con anterioridad a la reflexión sobre el
asunto en cuestión) y usualmente la criminalidad campesina, y no escuchar nada sobre el uso
abusivo de la fuerza, el maltrato y probablemente el gatillo fácil de “las fuerzas del orden”; debe
apartarse del caso.
Existen los medios para solicitar que se aparte del caso y sea remplazado por un funcionario más
confiable. La Fiscalía es la que debe nuestros intereses ciudadanos (CN. Art. 266), no de la policía
como cuerpo, ni de otras entidades del estado. Pero su primera misión es el descubrimiento de la
verdad. Tenemos cuatro vías para remplazar al fiscal, a) solicitarle que renuncie explicándole
porque no confiamos en él; b) por la vía judicial; c) por negociaciones políticas d) por la
movilización popular. Este Fiscal está actuando en éste caso con la experiencia de 1 mes después
de su nombramiento como tal.
El descubrimiento y publicidad de la verdad verdadera no siempre es posible por “razones de
estado” y entonces aparece la “verdad oficial”
De esto hay que hablar. Ubi Veritas Ibi Libertas (Latín)- Donde está la verdad está la Libertad. PALI
*La foto fue tomada del informe presentado por de la PEICC Plataforma de Estudio e Investigación de
Conflictos Campesinos

Este viernes, la FIP dio a conocer un comunicado resultado de la reunión sostenida por el organismo en Nuremberg, Alemania, entre el 27 y 28 de octubre del 2012, en el que condenan “la situación represiva de la que fueron víctimas los periodistas despedidos masivamente de los medios públicos y condena el estado de censura generalizada que impera en el país”, desde junio pasado, citó el diario La Nación.

Ante ello expresa “su solidaridad y acompañamiento internacional a su afiliado, elSindicato de Periodistas de Paraguay y convoca a condenar permanentemente, en cada uno de los foros en los que participa la FIP, al régimen gobernante enParaguay y a exigir respeto al trabajo y garantías a la seguridad de los periodistas”.

En el encuentro, la FIP ratificó su condena al “golpe de Estado en Paraguay, que sacó del poder, bajo argucias parlamentarias, al presidente Fernando Lugo, mandatario democráticamente electo por el pueblo paraguayo”, y puso en su lugar aFederico Franco.

Asimismo “hace un firme llamado a la comunidad internacional para desconocer en los organismos regionales e internacionales al ilegítimo gobierno paraguayo”.

Luego de la designación, por parte del Parlamento paraguayo, de Franco como presidente, el Ejecutivo comenzó con despidos masivos en la Televisión Pública,creada durante el gobierno de Lugo, y otras instituciones del país suramericano.

Marcelo Martinessi, director del canal público hasta el golpe de Estado contra Lugo, y Diego Segovia, ex jefe de políticas públicas, han denunciado que los despidos responden a razones ideológicas.

Radio Mundial