Se trata de un nuevo Golpe de Estado en América Latina, que condenamos enérgicamente. En esta ocasión, se ha producido en forma de un juicio político, que ha implicado la utilización de las instituciones democráticas de forma ilegítima, al llevar a cabo el proceso con una enorme celeridad, sin debate, con unas acusaciones no fundamentadas, etc, procediendo de una forma arbitraria en un proceso no legislado de forma específica. En ningún momento se ha respetado el debido proceso, derecho humano básico que garantiza unas reglas precisas a cualquier persona a la hora de enfrentarse a un procedimiento penal, civil o de cualquier otro tipo y que está recogido en la propia Constitución de Paraguay.

 El Golpe responde a los intereses de la oligarquía terrateniente y las multinacionales vinculadas a la agroindustria. Una vez más, en América Latina, los grupos oligárquicos tradicionales, aliados con el capital trasnacional proveniente de las actuales metrópolis, cercenan un proceso de cambio democrático, perpetuando la injusticia social y la violencia estructural, manteniendo a trabajadoras y trabajadores, el campesinado e indígenas, en una situación de exclusión social y política. En el caso de Paraguay, un país con enormes desigualdades, esta oligarquía se asentó con las dictaduras sucesivas del Partido Colorado, en connivencia con el resto de partidos oligarcas.

 Exigimos al gobierno español que rectifique en su política de normalización del Golpe de Estado, y no reconozca a Federico Franco como presidente de Paraguay. El único presidente legítimo del pueblo paraguayo es Fernando Lugo.